El nombre de la abogada Astrid Weiler, abogada especializada en Propiedad Intelectual, habría sonado muy fuerte para ocupar la Dirección Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI). Sin embargo, la misma desmintió dicha versión y aseguró que no aspira al cargo, que no es colorada y que no volvería a la función pública. Indicó que la persona indicada para liderar la institución debe ser muy cercana al gobierno electo, y debe tener mucho carácter y cintura para negociar en pos del desarrollo de nuestro país.
“No me llegó ningún ofrecimiento y no está en mis planes volver a la función pública en un cargo así”, respondió la abogada Astrid Weiler ante la consulta si aceptaría la propuesta de ocupar la Dirección General de Propiedad Intelectual (DINAPI).
Weiler, quien había trabajado en el 2016 en la elaboración del Plan Nacional de Propiedad Intelectual durante la gestión de la ex titular de la DINAPI, Patricia Stanley, aseguró que no abandonaría sus actividades en el sector privado por asumir dicho cargo. “ Hoy trabajo en la profesión. Trabajo en temas de propiedad intelectual en la Institución, entonces no puedo yo exponerme o tener algún interés ahí”, indicó a lo que agregó que ya lo conversó con su familia y que no piensa dejar todo lo que construyó.
Según la entrevistada, la DINAPI es una institución con bases sólidas en la que no podría haber un retroceso en la gestión. Como clave del éxito, mencionó que la digitalización es el camino, recordando que con las nuevas tecnologías y el uso de la Inteligencia Artificial se puede hacer mucho más eficiente el trabajo principalmente en el área de registro de marcas.
“Se debe trabajar hacia la digitalización, hacia un expediente electrónico; pero también considero que la DINAPI tiene muchas otras funciones que van más allá de la concesión de una marca. DINAPI debe estar involucrada en la política de desarrollo del país, en las negociaciones internacionales que afectan al desarrollo del país, en la promoción de la innovación de las industrias culturales”, remarcó la abogada.
Atendiendo a esas exigencias que demanda la institución, Weiler sostuvo que el perfil del Director Nacional de Propiedad Intelectual debe ir mucho más allá que el de un abogado de marca. Describió que existen muchos desafíos como las negociaciones con el Mercosur, la Unión Europea y los países desarrollados que buscan que Paraguay se adhiera a tratados que permitan que tengamos que pagarles royaltíes por sus invenciones sin excepciones para el uso de las mismas, ya que nuestro país no es generador de invenciones sino tomador de tecnologías. “Es por esto y otros aspectos complejos que creo que el director debe ser una persona con mucho carácter, con mucha cintura para negociar. Una persona muy cercana al gobierno”, indicó aclarando que ella no es colorada.
Weiler ejerció el cargo de Directora General de Propiedad Intelectual entre los años 2003 y 2007. Posteriormente, durante la gestión de Patricia Stanley, quien fuera titular de la DINAPI del 2013 al 2018, trabajó en la Elaboración del Plan Nacional de Propiedad Intelectual en el 2016.
Cabe recordar, que durante su mandato, Stanley había sido denunciada por el Sindicato de Funcionarios de DINAPI (SIFUDINAPI) por traslados y destituciones arbitrarias, abuso de poder, designaciones ilegales o nombramientos sin concursos y supuesta corrupción. Así también, en el 2018, el Colegio Paraguayo de Agentes de Propiedad Industrial había entregado a la prensa un comunicado en el que expresaba que Stanley siempre se había manejado al margen de la Ley. En ese tiempo, varios sectores y gremios del rubro solicitaron su destitución por supuestas irregularidades detectadas.
En agosto de 2018, sindicalistas, funcionarios trasladados y despedidos se manifestaron contra Stanley frente a la DINAPI, mientras, dentro de la institución, la titular de la misma brindaba una conferencia de prensa comentando los logros institucionales.
En dicha conferencia, Weiler participó como representante de la Cámara de Industrias Farmacéuticas, y dio su respaldo público al trabajo de Stanley.
En el 2020, saltaron nuevas publicaciones que salpicaban la gestión de Stanley. Un informe de la Auditoría General del Poder Ejecutivo (AGPE) revelaba que unos G. 15.000 millones recaudados en concepto de remuneración por copia privada, o compensación por la transmisión pública de las creaciones musicales y otras no autorizadas, no fueron incluidos en el presupuesto de la DINAPI.
